Los consumos en restaurantes y lo gastado en alimentos en supermercados deben facturarse.

Ayer se publicó en el Registro Oficial el reglamento para aplicar la Ley de Equidad Tributaria, con lo cual ya entra en vigencia. Además, el SRI aprobó el formulario con el que los trabajadores podrán deducir sus gastos para el cálculo del Impuesto a la Renta, para luego entregarlo a sus empleadores.

Según el reglamento, la compra de alimentos para consumo humano y los pagos en centros de expendio de comidas preparadas son gastos que pueden ser deducidos. En esta última categoría, Johnny Alcívar, jefe de Planificación de la Regional del Litoral del Servicio de Rentas Internas (SRI), explica que se consideran todo tipo de locales formales, así como los restaurantes de comidas rápidas.

Las posibilidades de deducir gastos de alimentación para el cálculo del Impuesto a la Renta (IR) son amplias.

Las facturas o comprobantes de venta servirán para justificar estos gastos, pero no serán válidos si en ellos consta la leyenda “consumidor final”. Para ello, la persona debe solicitar al establecimiento que ponga su nombre y cédula de identidad en estos documentos.

Si el consumo lo hace su cónyuge, sus hijos menores de edad o con discapacidad, que son dependientes de él (no trabajan), las facturas pueden estar a nombre de ellos para así sumarlas a sus gastos.

Pero si la esposa (o) del contribuyente trabaja, no. Habrá casos como el del contribuyente Carlos Alvarado, cuya esposa gana el sueldo básico ($ 200) y que por estar debajo de la base imponible no paga IR.

Allí, el ente tributario recomienda a la cónyuge pedir el comprobante de venta a nombre de su esposo para que él lo utilice para su cálculo.

El reglamento también incluye como gasto a las pensiones alimenticias sustentadas en resolución judicial o de la autoridad correspondiente.

En estas situaciones, el padre tiene dos formas de comprobar que cumple con ello: con el recibo que le entrega el juzgado o, si es el caso, con el rol de pagos de su lugar de trabajo. Lo último se aplica cuando el juzgado notifica al empleador que los cobros se harán de esta forma.

Para justificar las compras en supermercados, el SRI sugiere que antes de su transacción pida al cajero que emita el tique con su nombre. Y si el sistema no lo permite, acuda con el recibo a servicio al cliente y pida una factura con su nombre.

Lo mismo se aplica para los tiques de las cajas registradoras de locales de comida rápida, que deben tener un talonario manual de comprobantes.

Los alimentos comprados en mercados y tiendas de abasto, por no emitir facturas, no se podrán contar. Sin embargo, el SRI tiene un plan para que comerciantes minoristas entren al Régimen Simplificado (RISE), de modo que den notas de venta a futuro.

DETALLES: Para saber

Mascotas
Las comidas para mascotas no entran en las deducciones.

Afiliados
A quienes tienen tarjetas de afiliación los supermercados les dan el tique con sus datos personales. Esto les sirve.

Sugerencia
El SRI recomienda pedir factura o sacar copia del tique, pues algunos se borran.

Lea mañana

Los gastos de vestimenta y aquellos no deducibles para el Impuesto a la Renta

Londres, Inglaterra | Reuters

El petróleo tocó el viernes un máximo histórico cercano a los 128 dólares, luego de que Goldman Sachs, el banco de inversión más activo en los mercados de energía, aumentó fuertemente su pronóstico de precios.

El crudo estadounidense para entrega en junio CLc1 alcanzó un récord de 127,82 dólares y a las 1436 GMT operaba con un alza de 2,92 dólares, a 127,04 dólares.

Los precios del crudo Brent LCOc1 avanzaban 2,877 dólares, a 125,40 dólares el barril.

Goldman Sachs aumentó su pronóstico de los precios promedio del petróleo para el segundo semestre a 141 dólares el barril desde un estimado previo de 107 dólares.

“Diría que la más grande historia de hoy es que Goldman elevó su previsión sobre los precios promedio para la segunda mitad del año (…) Eso está causando que el petróleo suba alrededor de 3 dólares hoy”, dijo David Katz de Matrix Asset Advisors.

Los precios récord del petróleo han ayudado a darle fuerza a todo el complejo de energía, en especial para el diésel, que ha sido impulsado por una fuerte demanda mundial.

El gasoil LGOc1, que incluye combustible para calefacción y diésel, se negociaba 1.208 dólares la tonelada, cerca del récord alcanzado previamente esta semana.

Se prevé que la demanda china de diésel importado aumentará fuertemente en junio después del mortal sismo de esta semana, que interrumpió el suministro de gas a las grandes ciudades, y mientras las compañías acumulan existencias antes de los Juegos Olímpicos.

“La gente está mirando el diésel. La situación empeoró desde el sismo en China el lunes”, dijo Robert Laughlin, de MF Global.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha dicho en varias ocasiones que los altos precios del petróleo han sido impulsados por factores distintos de la oferta y la demanda.

El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, reiteró el jueves que los precios del crudo tienen que ver más con la volatilidad del mercado financiero que con los fundamentos.

Pero, el presidente estadounidense, George W. Bush, llegó el viernes a Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, donde renovó su pedido de ayuda de más petróleo.

El productor más pequeño de la OPEP, Ecuador, dijo que el grupo debe considerar aumentar la producción porque los altos precios del petróleo están afectando a las naciones pobres.

“Creo que la OPEP tiene que tratar esta cuestión, porque esto está perjudicando a todos los países pobres que son importadores de petróleo”, dijo a Reuters el presidente ecuatoriano Rafael Correa en la capital peruana, Lima.

Apoyo de Senres.

Después del proceso de supresión de partidas, que dejó fuera de la Aduana a 337 empleados, la entidad emprenderá una revisión de sueldos.

Esto será parte de la aplicación de la nueva estructura que tendrá la Corporación Aduanera Ecuatoriana y que fue coordinada con la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres).

Santiago León, gerente de la Aduana, señaló que la nueva estructura tiene “nuevas escalas salariales que están acorde con la responsabilidad de los funcionarios aduaneros”.

Señaló que incluso se analiza la posibilidad legal de establecer una remuneración variable. De esta manera, por ejemplo, el Servicio de Vigilancia Aduanera, que efectúa capturas, podría recibir un rubro adicional por más capturas que efectúe.

En tanto, las actividades en la Aduana se normalizaron ayer, aunque con algunas quejas de los usuarios, tras la supresión de puestos.

Con la reducción de personal, la Aduana estima que se ahorrará 400.000 dólares. Su presupuesto para pago de salarios bordeará ahora $ 1’600.000 cada mes.

MONTECRISTI, Manabí

El Ministerio de Justicia estará a cargo de conceder indultos para los enfermos terminales sentenciados penalmente, previo el análisis de cada caso, según la resolución aprobada ayer por el pleno de la Asamblea Constituyente.

El Ministerio formará una comisión especial de médicos integrada por el Ministro de Salud o un médico delegado, quien la presidirá; un representante de la Federación Médica y otro de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca).

Rosanna Alvarado (PAIS), una de las autoras de la resolución, comentó que esta beneficiaría a unas 30 personas. Y que la comisión no tiene un tiempo definido de existencia, por lo que puede tratar más casos de los estimados conforme se presenten las solicitudes.

En el debate del documento, Leonardo Viteri (PSC) recomendó que tal comisión debe solicitar como insumo para su análisis la historia de la patología del recluso, aunque admitió que en los centros penitenciarios no es usual que los médicos las elaboren.

Mae Montaño (UNO) exhortó a sus colegas del oficialismo a “no manipular políticamente temas humanitarios”. Y agregó que, según la estructura de la resolución, la Asamblea está trasladando al Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, la responsabilidad de conceder los indultos, ya que finalmente es la comisión que este forme la que tomará la decisión.

Amanda Arboleda (PAIS) señaló que el sistema de rehabilitación social requiere cambios estructurales profundos que pueden empezar por un “proceso rápido y oportuno” de la evacuación de las cárceles de enfermos terminales y la gente detenida por causas injustas.

La resolución tuvo el apoyo de 84 asambleístas. Alberto Acosta encargó la presidencia de la Asamblea para actuar como escrutador, por primera vez, junto a Fausto Lupera, su colega de SP.

La Constituyente tiene pendiente todavía el análisis de los indultos para las llamadas ‘mulas’ del narcotráfico.

MONTECRISTI, Manabí

Una propuesta de mandato pretende que notarios y registradores de la propiedad sean funcionarios públicos, para que sus labores sean reguladas por instituciones del Estado.

Nelson López (PAIS), Ximena Bohórquez (MHON) y Gilberto Guamangate (Pachakutik) plantearon ayer el contenido de ese mandato, en el que se da a los notarios una categoría de funcionario judicial; y a las notarías, dependencias subordinadas al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Los notarios tendrán el carácter de jueces civiles y de su selección se encargará el CNJ.

Además, se transfiere a los municipios las funciones asignadas a las registradurías de la Propiedad, mientras que la Superintendencia de Compañías acogerá a los registradores mercantiles. El traspaso incluye al personal administrativo (respetando antigüedad), los equipos e información.

López recalcó que se busca evitar que los notarios y registradores se traspasen el cargo de padres a hijos, tal como ocurre en la actualidad.
Bohórquez indicó que los registradores y notarios titulares manejan a su libre albedrío el dinero que recaudan por el servicio que ofrecen.

López propuso además que en caso de que se concrete la renuncia voluntaria de los actuales notarios, el CNJ se encargará por única vez de establecer un reemplazo interino. Los registradores de la propiedad se sujetarán a los cambios del alcalde de turno, ya que su cargo será de libre remoción con carácter de director municipal.

El CNJ, municipios y la Superintendencia dictarán resoluciones y ordenanzas para adoptar medidas administrativas e incorporar en sus presupuestos esos servicios. Notarios y registradores tendrán 90 días para entregar libros, bases de datos y demás.

MONTECRISTI, Manabí

Una parte del bloque defendió la vida desde la concepción; otra, lo objetó.

De los 34 derechos que garantizará el Estado según el paquete de artículos que debatió ayer el pleno de la Asamblea Constituyente, el que se refiere a la vida, fue el que más atención concitó entre los asambleístas, tanto del bloque de gobierno como de los de minoría.

El texto propuesto por la mesa 1 de Derechos Fundamentales es parecido al que consta en la actual Constitución. “El Estado garantizará la inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte”. Y acordó que el principio se desarrollaría cuando se aborden los derechos de grupos de atención prioritaria, como niños, niñas y adolescentes.

Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya), Mae Montaño (UNO) y Gissel Rosado (Prian) plantearon que el Estado reconozca la vida “desde su concepción hasta su muerte natural”.

Betty Tola y María Paula Romo (PAIS) rechazaron esa propuesta porque creen que serviría para “declarar ilegal el aborto terapéutico”, que está contemplado en el actual Código Penal para dos casos: cuando está en peligro la vida de la madre o del niño y cuando el embarazo es producto de la violación a una demente.

Tola aclaró que no es “abortista” y luego denunció que hay sectores que quieren hacer de la defensa de la vida una bandera política. Tal afirmación fue cuestionada por la asambleísta Rossana Queirolo (ex PAIS), quien exigió que diera nombres. “Vamos a defender la vida con dignidad, con libertad y libre de violencia. No estamos dispuestos a que se prohíban casos para salvar la vida de las mujeres… Debemos confiar en la capacidad ética de las mujeres, confiar en que tomamos decisiones con responsabilidad”, expresó Romo.

Balerio Estacio (PAIS), quien es pastor evangélico, llamó a sus compañeros a acatar el acuerdo al que llegó el bloque; que se comprometió, en un manifiesto público, a respetar la vida desde su concepción.

Durante el debate, las asambleístas Cristina Reyes (PSC) y Rossana Queirolo lucieron camisetas con la leyenda “Déjame nacer” y prendedores con la imagen de un feto. Queirolo desfiló por el pleno con un cartel con una foto de varias asambleístas con la frase “Defensoras de la vida”.

Los derechos sexuales y reproductivos también generaron polémica. En la Constitución actual ambos están juntos, ahora la mesa 1 los planteó de manera separada.

El texto de los derechos sexuales dice: “Toda persona tiene derecho a tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su sexualidad y vida sexual, incluida la identidad sexual y de género, la elección de pareja y la orientación sexual”. El de los reproductivos indica: “Toda persona tiene derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y decidir cuándo y cuántos hijos tener y cada qué tiempo”.

Pablo Lucio Paredes piensa que este artículo tiene dos lecturas: “La primera, planificación familiar, lo cual es correcto. La otra: permitir el aborto, lo cual es fatal, pues según ese texto, la persona podría decidir libremente su vida reproductiva y parar un embarazo, considerando que quiere tener hijos”.

Leonardo Viteri (PSC), en cambio, señaló que las personas tienen derecho a tomar las decisiones que crean convenientes sobre su vida sexual mientras no afecten a terceros.

Édison Narváez (PAIS) se mostró preocupado porque ese artículo diera vía libre a las “prácticas fuera de la naturaleza normal”.

TEXTUAL: Asambleístas

Rosana Alvarado, PAIS
“Defendemos la vida, pero reconocemos que el Estado ha violentado nuestros derechos bajo el paraguas del dogma religioso”.

QUITO

Gasto electoral.

El movimiento Alianza PAIS pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), de manera formal, el miércoles pasado, que la multa de $ 44.652,60 (por exceso de gasto en la campaña del 2006) sea descontada del fondo partidario permanente y del de reposición del gasto electoral. Ambos fondos se distribuyen a los partidos políticos.

El tema será resuelto en la sesión del pleno que se realizará el próximo martes.

Fuentes del organismo señalaron, sin embargo, que la solicitud es inaceptable, pues Alianza PAIS está inscrito como movimiento, no como partido.

Para Guillermo González, abogado de PAIS, “el fondo de reposición ya fue entregado en comicios anteriores a movimientos como Nuevo País y Pachakutik… El fondo partidario permanente es más discutible, pero hay un principio en la Constitución que dice que toda persona natural y jurídica tiene derecho a ser tratado de la misma manera”.

Quito | EFE

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Jalkh, insistió hoy en que no puede tener credibilidad el informe presentado ayer por la Interpol respecto a los computadores que Bogotá decomiso del campamento de las FARC, el pasado 1 de marzo.

“No puede tener credibilidad porque una vez que se rompe una cadena de custodia, todo lo que se desprende con posteridad tiene total descrédito”, dijo Jalkh en la televisión Teleamazonas.

Jalkh añadió que los “hechos públicos no tienen que ser probados y el hecho público de que la cadena de custodia está rota, es evidente y público y no tiene que ser probado por ningún peritaje”.

Para Jalkh, lo que se señale en los computadores que supuestamente pertenecían al portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “Raúl Reyes”, no constituyen prueba alguna de las acusaciones provenientes desde Bogotá contra Ecuador.

“Lo que diga la computadora es absolutamente sin ningún valor y sin ningún peso”, anotó al indicar que es inconsistente creer como verdadero lo que contiene el ordenador de “Reyes” y no lo que señala el portal de las FARC respecto al presidente de Colombia, lvaro Uribe.

Jalkh insistió en que se deben investigar todos los temas, pero “no con factores de prueba que no son objetivos”.

El analista político César Montúfar, opositor al Gobierno, señaló en la televisión Gamavisión que lo que se sabe ahora, con base en los informes de la Interpol, es que los computadores que no fueron manipulados, aunque aclaró que no se puede decir todavía que sea verdad lo que ellos contienen.

Montúfar consideró que el “pueblo ecuatoriano merece explicaciones, merece que estas informaciones sean desvirtuadas”, si el caso amerita, en referencia a la presunta financiación por parte de las FARC a la campaña electoral del actual presidente Rafael Correa, extremo negado por el Ejecutivo.

El analista político cree que debería establecerse una comisión de la verdad para que investigue el caso.

Para Montúfar, la comisión no tiene por qué estar integrada por la oposición, sino por personalidades con alta credibilidad e independencia en el país.

De su lado, el político opositor ecuatoriano Diego Ordóñez, dijo en la televisión local Ecuavisa que la reacción del Gobierno respecto al informe de la Interpol “ha sido impropia”.

Ordóñez denunció el mes pasado una supuesta persecución en su contra por parte del Gobierno, por solicitar que se investigue si la campaña de Correa, recibió financiación ilegal de las FARC.

Ordóñez, que lidera la Unión Demócrata Cristiana (UDC), coincidió hoy con Montúfar en la necesidad de que se conforme una comisión para que investigue las denuncias de Colombia.

Quito mantiene rotas las relaciones con Bogotá, tras la incursión de tropas colombianas contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, ocurrida el pasado 1 de marzo.

En la incursión murieron 26 personas entre ellas el jefe guerrillero “Raúl Reyes” y el ecuatoriano Franklin Aisalla, un cerrajero investigado por la policía y militares ecuatorianos por vínculos con las FARC.

MONTECRISTI, Manabí

Mesa 2 de Participación Ciudadana aprobó el 10% de firmas del padrón para ese fin.

Para pedir la revocatoria del mandato de un funcionario que no cumpla sus expectativas, desde el de una junta parroquial hasta el Presidente de la República, la ciudadanía deberá recoger el 10% de las firmas equivalentes al padrón electoral de su circunscripción territorial.

Así señalan los artículos sobre la organización y participación social en democracia aprobados el miércoles por la mesa 2 de Participación Ciudadana y Sistemas de Representación.

Esta mesa decidió reducir el porcentaje que consta en la Constitución actual (30%) “para que ahora sí haya una verdadera revocatoria del mandato”, expresó Alfredo Ortiz (RED), miembro de la comisión.

La revocatoria es una de las cuatro formas de ejercicio de la democracia directa propuestas. Las otras son la consulta popular, el referéndum y la iniciativa popular normativa.

Según el documento propuesto, las consultas populares serán convocadas por el mandatario, organismos seccionales y la ciudadanía, esta podrá solicitarla con el respaldo del 5% de las firmas o huellas de los inscritos en el registro electoral nacional o el 10% de su circunscripción si es un tema local.

El texto también permite a los residentes en el exterior efectuar consultas, con el 5% del padrón de ese grupo. Para referéndums, la ciudadanía debe tener 8% de firmas del padrón nacional. En ellos y consultas, el pronunciamiento será de cumplimiento obligatorio.

Para presentar iniciativas legales necesita 0,20% de firmas. Los impulsores podrán participar en las sesiones del órgano respectivo, que l tendrá 180 días para tratarlos. Si no lo hace, la norma entrará en vigencia.

Al hablar de la representación política, la mesa 2 plantea la reelección de cualquier funcionario por una sola vez. Es decir que si, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, decide postularse a la reelección en los próximos comicios, podría hacerlo por última vez en una próxima ocasión.

Los partidos políticos sí recibirán financiamiento del Estado, según el texto. A diferencia de la actual Constitución, estos fondos sí podrán ser auditados. “La idea es que los partidos tengan igualdad de condiciones”, señala Virgilio Hernández, presidente de la mesa.

En el articulado se plantea la igualdad política; esto contradice el texto de la mesa 3 de Instituciones de Estado, que prohíbe que los parientes del presidente de la República puedan ser candidatos. Los artículos irán a la mesa directiva para que fijen una fecha para su primera discusión en el pleno.

MONTECRISTI, Manabí

El Presidente de la Asamblea dijo que la labor de inteligencia puso en riesgo la seguridad interna.

El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS), presentó al fiscal Washington Pesántez una denuncia contra las FF.AA., para que se determinen responsabilidades por las tareas de inteligencia y espionaje en la Constituyente.

Acosta dijo que la labor de inteligencia puso en riesgo la seguridad interna. Y que la operación fue parte de un plan estructurado y aprobado por el mando militar, de acuerdo con el oficio Nº 07-268-GJ del 10 de diciembre del 2007, enviado por el entonces jefe del Comando Conjunto, Héctor Camacho, a Wellington Sandoval.

En el documento, fechado 14 de mayo del 2008, Acosta califica a esas actividades militares como “un atentado contra la vida democrática… que ha puesto en riesgo la seguridad interna del Estado”.

“A la Asamblea le interesa que estos hechos se esclarezcan en forma total sin evasivas ni coartadas de naturaleza alguna… No es posible aceptar que… algunos elementos se desvíen de sus objetivos específicos y se conviertan en fuente de inseguridad, amenaza y acoso”, añade.

Como antecedentes, informa al fiscal que el ex ministro de Defensa, Wellington Sandoval, y el anterior alto mando militar, durante su comparecencia del 31 de marzo pasado, dijeron no conocer las tareas de espionaje.

Asimismo, exige la investigación de la pérdida de documentos secretos de los archivos de Inteligencia Militar, que denunció el actual ministro de Defensa, Javier Ponce, en su visita a la Asamblea, el lunes de esta semana. Esos documentos fueron difundidos por el asambleísta Fausto Lupera (Sociedad Patriótica), así como la denuncia de la existencia de grupos de inteligencia, de militares en servicio pasivo, a disposición de algunos partidos políticos.

Por otra parte, en rueda de prensa, Acosta informó sobre las actividades desarrolladas por la Asamblea en esta semana. Reconoció que existe cierta “tensión política” por la posición ideológica de los diferentes bloques en los temas considerados polémicos; por ejemplo, los que se refieren al trabajo, a los tratados internacionales o a la explotación de los recursos naturales.

En ese marco, anunció la posibilidad de que se modifique el reglamento de la Asamblea Constituyente para agilizar el tratamiento de los textos constitucionales en el primer debate. Esto se definirá la próxima semana, durante una reunión con los representantes de los bloques.

DECLARACIONES: Trabajo

Alcaldes
Alberto Acosta cuestionó a los alcaldes que se oponen a la decisión de la Asamblea sobre los comerciantes informales.

Informales
“Algunos alcaldes no saben leer bien los textos. Basta de andar persiguiendo a los informales, el respeto a la propiedad es para todos y no solo para los que tienen chaleco y corbata”, dijo.