En la práctica, la medición reveló que más de uno de cada seis adultos ecuatorianos estaban planeando el año pasado un nuevo negocio o poseían uno, con una antigüedad no mayor a los 42 meses.

Según el reporte Global Enterpreneurship Monitor, presentado en Ecuador por la Espae (Escuela de Posgrado en Administración de Empresas), el 12,1% de los emprendimientos originados en el 2008 respondió a una oportunidad, y un 4,9% surgió por necesidad.

Uno de los aspectos que determinó el estudio es que el año pasado hubo menos negocios que aparecieron motivados por una necesidad frente al 2004.

Guido Caicedo, director asociado del Centro de Desarrollo de Emprendedores de la Espol, indicó que pese a la disminución de la dinámica emprendedora durante el 2008, Ecuador se mantiene entre los países con mayor actividad en este apartado.

Los nuevos negocios pertenecen en su mayoría a los sectores de servicios al consumidor y comercio.

Virginia Lasio, directora de la Espae, señaló que la mayor parte de los emprendimientos se concentra a atender al mercado doméstico y pocos lo hacen para exportar.

Pese a que a nivel gubernamental se comenzó a dar apoyo a iniciativas microempresariales, la investigación reflejó que la falta de apoyo financiero aparece como limitante para emprender nuevos negocios en Ecuador.

Dedicación
El 11,9% de emprendedores está empleado a tiempo completo. El 4,35% a tiempo parcial, el 7,9% se dedica al hogar y el 4% estudia.

Origen
En Ecuador, el 81% de los emprendedores pertenece a hogares con ingresos anuales de hasta $ 7.200, según el reporte de Espae.

Adicionalmente, a partir de esta misma fecha, 1 de julio, todas estas instituciones bancarias deberán contar con lectograbadoras “para optimizar el proceso de calificación de cámara de compensación y eliminar la digitación manual de los datos de los cheques”, expresa la Superintendencia de Bancos y Seguros en un comunicado.

Pero hay puntos que aclaró el órgano supervisor del mercado financiero. Uno de ellos es que las entidades bancarias acaten el periodo de “vida útil” de los cheques.

“Sin perjuicio de que los bancos cumplan con esta disposición, deberán respetar el plazo de vigencia de los cheques establecido en el artículo 58 de la Ley General de Cheques, que es de 13 meses posteriores a la fecha de su emisión”, destaca la Superintendencia de Bancos.

Es decir que, si algún cuentacorrentista mantiene sus formularios antiguos, podrá usar cada uno de los cheques emitidos hasta que fenezca la vigencia de los mismos. Los bancos deberán aceptarlos y pagarlos. Los costos de esos documentos dependerán de cada entidad financiera. Sin embargo, para el mes de julio, la autoridad fijó un techo máximo en su valor de 30 centavos por unidad.
Estas tarifas cuentan para el periodo trimestral: julio, agosto, septiembre.

La Superintendencia había extendido el plazo para la aplicación de los nuevas normas de seguridad para los cheques, como lo solicitó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, debido a que la implementación de las nuevas seguridades en los formularios de los cheques requiere de un período de coordinación, programación y pruebas. Además, sostiene la autoridad de control, el aplazamiento busca evitar inconvenientes para los usuarios en el período de transición en el uso de los nuevos formularios.

La Superintendencia advierte el mal uso del cheque, definido como una orden de pago inmediato. Conforme lo establecido en el artículo 56 de la referida ley, existe la prohibición legal de utilizar al cheque como instrumento de crédito, “lo que significa que quien recibe cheques con fecha futura o postdatados será multado con el 20% del importe del mismo”.

Para el cumplimiento de su objeto, las industrias gráficas deben contar con seguridades para la impresión de formularios de cheques, entre ellas, un papel con características de sensibilidad a la clonación, adulteración y raspados (microcirugías); adicionalmente deben contar con un software para realizar diseños hechos con algoritmos y fórmulas irrepetibles. (WMA)

Patrimonio
Termina el plazo para declaración
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cerró el plazo establecido para la recepción de la declaración patrimonial sin haberse acercado al número estimado.

Apenas 11.919 contribuyentes con activos superiores a los 200.000 dólares y sociedades conyugales con un patrimonio superior a los USD 400.000 entregaron sus formularios con la declaración, hasta el pasado 28 de junio.

De ellos, 5.741 corresponden a la provincia de Pichincha y 1.333 son contribuyentes de Guayas. Al inicio del trámite, la administración tributaria, calculó que se recibirían cerca de 80.000 declaraciones en todo el país.

En una ocasión anterior, el director del SRI, Carlos Marx Carrasco, reconoció que la presentación de una acción de protección por parte de ocho abogados guayaquileños, encabezados por Jorge Zavala Egas, en contra de este trámite pudo haber desalentado a los contribuyentes a cumplir con lo que manda la ley.

Por eso el funcionario advirtió con posibles sanciones. “Lo peor que pueden hacer es no declarar”, señaló el director de la oficina de Rentas el pasado 15 de junio.

La administración tributaria explicó que revisará la información de los contribuyentes y quienes teniendo la obligación de declarar su patrimonio no lo hubieran hecho, deberán asumir el pago de una multa y hacer la declaración. (IGF)

Datos
El uso de números complejos
Los cheques deberán tener fondos rosetas elaborados a partir de cálculos matemáticos complejos e impresos con tinta de seguridad invisibles, para impedir su reproducción digital; y, (reformado con la resolución N° JB-2008-1152 de 30 de junio del 2008), establece la Superintendencia de Bancos.

Aquello significaría que estaba feliz, porque había logrado “hacer justicia” por el crimen de su progenitor, ocurrido en junio 23 de 2008. No obstante, horas después cambió de parecer y decidió mantener el luto, al conocer la sentencia del Primer Tribunal de Garantías Penales de Guayas a favor de seis de los nueve procesados por el hecho.

En la resolución se absolvió de los cargos a Luz María Rivera Yépez, quien fue acusada por el fiscal Franklin Muzzio como autora intelectual del crimen.

Igual suerte corrieron otros cinco imputados, entre ellos Cristhian Villamar Román. Según el fallo, los jueces no encontraron responsabilidad de ellos en el hecho y dispusieron que se giren las boletas de libertad a favor de Rivera y de otros dos absueltos, lo que trajo satisfacción a sus allegados.

Quienes sí fueron condenados a 25 años de reclusión mayor especial fueron Jhonny Jimmy Medina Rivadeneira y Segundo Cecilio Sellán Vargas, tras ser declarados autores del delito de robo agravado, mientras que Ronald Jonatahn Velasco Pinela fue sentenciado a dos años de prisión, por encubridor.

“Esto no es así. No es un robo, esto fue un asesinato planeado”, dijo César Rodríguez, hijo de la víctima, al anunciar que apelarán el fallo. (PVC)

Ocurrió cerca de las 09:00 de ayer, cuando Luis Abarca, presidente de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), fundamentaba el recurso de protección interpuesto en contra del ministro fiscal general, Washington Pesántez, para evitar que se concrete la formulación de cargos efectuada en su contra, de Máximo Ortega y del conjuez Édwin Salazar.

Los tres judiciales absolvieron a Jorge Hugo Reyes Torres, sentenciado por dos salas de la Corte de Pichincha a 25 años de reclusión mayor especial, por reincidencia en delitos relacionados con droga.

La sala de audiencias del Juzgado resultó estrecha para recibir a los miembros de la segunda sala, funcionarias y otros servidores judiciales, así como alrededor de 50 personas entre fiscales, asesores y seguridad del fiscal Pesántez.

Cuando transcurrían cerca de 15 minutos de la exposición de Abarca, en defensa de la sentencia a favor de Reyes Torres, el titular de la Fiscalía se sintió ofendido por algunos términos (entre ellos sátrapa) utilizados por el judicial.

Ante eso, Pesántez rechazó los términos del juez, pero los acompañantes de Abarca lo mandaron a callar con golpes en la mesa, insultos, gritos y amenazas.

“Ya va a conocer quién soy”, decía Ortega, refiriéndose a Pesántez.

Pero el Ministro Fiscal no estaba solo. Al menos 20 personas reaccionaron para defenderlo de las agresiones verbales. La intervención del juez cuarto, Edwin Argotti, calmó los ánimos.

Abarca insistió en que, con la formulación de cargos, se pretendía amenazar a los jueces. Recalcó que cuando un juez dicta una sentencia “todo el mundo debe obedecer”.

En su turno, Pesántez enfatizó que se iniciaron las acciones por prevaricato, porque antes de resolver los pedidos de aclaración y ampliación presentados por la Fiscalía a la absolución de Reyes Torres, el juez Abarca señaló que no había nada por aclarar en el caso.

Cuando la diligencia estaba por concluir, el juez Ortega intervino solo para mencionar que se alegraba por la presencia de Pesántez en la audiencia, ya que en lo que lleva de fiscal nunca ha ido a una audiencia, en los casos convocados por las salas. Nuevamente golpes en la mesa, gritos y amenazas se escucharon.

Fue necesaria la presencia de elementos del GOE para escoltar al Ministro Fiscal y a sus acompañantes hasta afuera del Palacio de Justicia para impedir roces con los judiciales. (MCV)

Polémica

Traslado de sala a la Corte es cuestionado
El Consejo de la Judicatura reiteró ayer la disposición de realizar las audiencias de formulación de cargos a detenidos en delitos flagrantes en la Corte Provincial de Guayas. Ayer se daban los últimos acabados a la sala donde se realizarán esas diligencias (planta baja del Palacio de Justicia), que será inaugurada mañana.

El ministro fiscal de Guayas, Antonio Gagliardo, manifestó que la Judicatura no le ha comunicado del traslado (actualmente la sala está en la Policía Judicial), cuestionando además que se haya resuelto sin consultar a las partes.

“Son decisiones unilaterales… las audiencias se estaban llevando con total normalidad en la PJ, aunque con mucha deficiencia de los jueces porque no iban, o llegaban atrasados o no estaban todo el tiempo”, enfatizó el funcionario, al calificar como un capricho la decisión. Para hoy tiene previsto consultar con su superior y analizar con el jefe de la PJ el tema. (PVC)

Según una proyección realizada por este Diario con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral, PSC/Madera de Guerrero, PSP, Prian y UNO, al aliarse, superarían a los ediles pertenecientes al oficialismo. En su orden, lograrían 31, 25, 13 y 5 ediles.

El resultado más favorable para PSC/Madera de Guerrero se dio en Guayaquil, donde lograron 8 de los 15 escaños en disputa, más sus aliados -Prian y PSP, que obtienen uno, cada uno- logran la mayoría absoluta frente a los 5 ediles de PAIS.

En el resto de cantones de Guayas hay que tomar en cuenta la aparición de diferentes movimientos, como el Municipalista por la Integración Nacional (lista 24) y otras agrupaciones cantonales que anunciaron su apoyo al régimen, lo que supuestamente aliviaría la desventaja del oficialismo.

Los Municipalistas, según la proyección numérica, obtuvieron en las urnas 17 ediles repartidos en 13 cantones.

En manos de esta agrupación, que nació el año anterior por iniciativa de un grupo de alcaldes que defienden la gestión de los Cabildos y postuló candidatos a diferentes dignidades, estaría el voto dirimente en los 13 concejos pues su dirigencia aún no ha manifestado su alineación política.

Ubaldo Urquizo, dirigente provincial, señala que ellos prefieren tener los resultados definitivos de los comicios del 26 de abril, para emitir un pronunciamiento sobre el tema.

“No queremos adelantar ningún criterio, lo único que sí hemos dicho y ratifico es que no pensamos hacer oposición al Gobierno, pero de ese tiempo acá hay que analizar los resultados”, explicó Urquizo, quien perdió en su intento por una nueva reelección como alcalde de Santa Lucía.

Algunos de los 13 cantones donde los Municipalistas serían los que deciden, son El Empalme, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Lomas de Sargentillo, Naranjal. Para hoy, la dirigencia Municipalista decidirá su posición en una reunión con Mauricio Salem, ex candidato a la Prefectura del Guayas por esa tienda.

En el Concejo Cantonal, según el Art. 253 de la Constitución, “estará representada proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los términos que establezca la ley”.

Por ese motivo, en estas elecciones también se incluyó la elección de los habitantes del sector rural. También de este cuerpo edilicio, debe escogerse al vicealcalde de la ciudad. Asimismo, de entre los ediles se debe conformar las diferentes comisiones para la propuesta de obras y ordenanzas. (ALS)

Las labores
Alcaldes no prevén conflictos con ediles
Alcaldes reelectos como quienes ocuparán por primera vez esa función, consideran que no tendrán problemas las personas que conformen el cuerpo edilicio, pues la finalidad “es trabajar en beneficio de la misma ciudad”.

Para algunos burgomaestres, las reglas del manejo de su administración están delineadas y según su criterio “las mayorías y minorías deben quedar de lado”.

Por lo menos es lo que afirma Francisco Asán, reelecto como alcalde de Milagro, quien recordó que cuando llegó al Cabildo por primera ocasión, auspiciado por el Prian, “tenía solo un concejal del partido, pero ya en el ejercicio todos trabajamos juntos y se dejaron de lado los partidos”.

Con él coincide Ignacio Cercado, alcalde electo de Isidro Ayora, quien llega al Cabildo con solo un correligionario de la RED. “Entre todos nos conocemos y el objetivo común es el desarrollo del cantón. Acá se conformará el Concejo con ediles de PAIS, Prian, RED, PS/FA y MPD”.

Con Cercado concuerda Segundo Navarrete, burgomaestre electo de Lomas de Sargentillo, quien ya ejerció el cargo de concejal y renunció para postularse a la alcaldía.

Pero, también están los criterios radicales. “Concejal que venga a causar desenfrenos lo botamos con el pueblo”, sentenció Cirilo González, alcalde reelecto de Balzar.

Es que, a pesar de que su partido, el PRE, apoyó la candidatura de Rafael Correa, en Balzar se destruyó la alianza con PAIS porque “se han dejado influenciar por los que siempre me han hecho problema. Ya en la mesa es otra cosa”.

Casi sin pistas, también se encuentra el alcalde reelecto de Palestina, Carlos Olvera (Municipalista), quien hasta ayer estaba pendiente por los resultados de las apelaciones interpuestas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su cargo y de los ediles de ese cantón. (ALS/RAC)

El sol acompañaba a cerca de 20 simpatizantes de Estrada, del movimiento Sí Unidad Mantense. Los gritos de apoyo a cada uno se escuchaban hasta la sala de audiencias del TCE, en Quito. Afuera, se veían pancartas con leyendas como “15 años de contaminación” con la foto de Zambrano, otros pedían el respeto a la reelección de su candidato.

En cuestión de minutos, los partidarios de Zambrano se tomaron la vereda del frente e inició la “guerra” de gritos en apoyo a sus candidatos.

Con cada consigna, los simpatizantes se acercaban cada vez más, y eso obligó a que los miembros de la Policía empezaran a alistar sus escudos, para evitar posibles enfrentamientos.

En el interior del TCE, los dos candidatos ni siquiera cruzaban las miradas. Zambrano, de la alianza Manabí Primero-Municipalista, se había colocado al lado izquierdo del auditorio y al derecho lo había hecho su contendor Estrada.

Ellos escuchaban atentos la lectura de la providencia, en la que se pedía la verificación de los votos. Enseguida, Jorge Moreno, juez del TCE, posesionó a los técnicos electorales que se encargarán del trámite.

Su labor era la de contar el número de mujeres y hombres que votaron, así como las papeletas en blanco y nulos. El único objetivo era comprobar esos datos con los que existían en el padrón electoral y con el número de votantes que constaban en las 26 urnas que fueron aperturadas, por segunda vez.

Llegó el mediodía y los técnicos electorales, quienes normalmente laboran en la Delegación Electoral de Pichincha, elaboraban sus informes ante la mirada de los delegados de los candidatos.

Zambrano y Estrada lucían intranquilos. Se ponían de pie. Mientras el uno salía a la pequeña terraza, el otro prefería caminar por el salón.

Ellos solo miraban el trabajo de sus veedores que apuntaban los votos y comparaban con las copias de las actas que habían recopilado el 26 de abril.

Había transcurrido más de una hora desde que inició el proceso de verificación y uno de los funcionarios del TCE aperturó un nuevo cartón, en donde se encontraban sobres con las actas.

Ello no fue visto con buenos ojos por los abogados de los aspirantes. Carlos Aguinaga, defensor de Zambrano, había expuesto ante Moreno la ruptura de la cadena de custodia de las urnas que no portaban, según él, todos los sobres con actas.

Este es el último proceso antes de que los jueces del TCE sentencien el caso de una de las alcaldías más reñidas en este proceso. (SDR)

Recursos
Posesión de Correa se retrasa por las apelaciones en TCE
Los más de 30 recursos que son tratados por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no permitirán que el presidente, Rafael Correa, pueda posesionarse el 10 de agosto.

Sin embargo, al parecer, el jefe de Estado estaría apuntando a que su posesión sea el 14 de agosto, para que coincida con la reunión de la Unasur, en Quito, donde tomará juramento como presidente pro tempore de esa instancia regional.

De ser así, el TCE tendría plazo hasta este sábado para dictar una sentencia en todos los casos. Así, el próximo 4 de agosto se instalaría la nueva Asamblea y con ello, 10 días después, lo haría Correa y el vicepresidente Lenin Moreno.

Tania Arias, presidenta del TCE, espera que los casos sean resueltos hasta el fin de semana. Pero aclara que los 30 casos pertenecen a las dignidades que se eligieron el pasado 26 de abril y solo tres a juntas parroquiales.

El vocal Jorge Moreno prefiere no adelantar criterio sobre la fecha, pues dice que solo el último fin de semana llegó “un centenar de recursos”. Según él, cada despacho de los cincos vocales del Contencioso tiene, al menos, 10 expedientes por resolver.

El Tribunal está a la espera de las resoluciones de las delegaciones provinciales y del Consejo Nacional Electoral (CNE), para concluir con los trámites.

Pero Arias y Moreno recalcan que no existe una fecha tope para que las apelaciones lleguen al ente. (SDR)

Al término de dicho plazo, los pacientes que actualmente reciben atención médica y quirúrgica, además de medicinas gratuitas en los 16 puntos del PAP, deberán acudir a los hospitales públicos.

El anuncio lo hizo Marcelo Aguilar, representante de la ministra de Salud Caroline Chang, quien presidió, por tres horas consecutivas, la segunda reunión de directorio convocada por la Fundación de Aseguramiento Popular.

La primera asamblea de directorio, en este año, se desarrolló de manera reservada el pasado viernes.
A dicha convocatoria asistieron además Francisco Estarellas, en representación del Ministerio de Inclusión Económica y Social; Jacinto Loaiza, como delegado del alcalde Jaime Nebot; y el doctor Guillermo Wagner por la Junta Cívica de Guayaquil.

Aguilar, quien instaló con treinta minutos de retraso la reunión en la que se decidiría el destino del PAP, explicó al término de la misma que en los seis meses de plazo otorgado para su operación, se realizará un proceso de fortalecimiento de los servicios de salud públicos en Guayaquil.

El reforzamiento al que se refiere Aguilar tiene que ver con el servicio que ofrecerán los prestadores médicos públicos y privados. La intención es que quienes reciben en estos momentos atención de salud, no sufran un menoscabo en el proceso de atención.

Durante este lapso, en el que operará el PAP con las reglas vigentes hasta el momento, se iniciará además un proceso de transición a los servicios públicos del Ministerio de Salud.

Así lo afirmó el representante de la ministra Chang, secretaria de Estado que ocupa la presidencia de la Fundación de Aseguramiento Popular.

Varios de los médicos y personal administrativo, congregado en el estrecho local de la Fundación, consultaban a gritos cuál será su destino y el de los 400 empleados.

Recibieron como respuesta de parte del funcionario de Gobierno que ellos podrán prestar sus servicios a través del Ministerio de Salud, ofrecimiento que para Rosa López, una de las empleadas, no le pareció tan convincente.

Adicionalmente, ante el requerimiento planteado sobre los motivos que llevaron al cierre del PAP, Aguilar dijo que existe una serie de consideraciones, sin precisar de manera concreta cuáles son esas.
A lo que sí se refirió, es a la necesidad de hacer un ordenamiento de la política de Salud.

Al respecto, insistió en que las políticas de ese ramo y el Ministerio de Salud proponen principalizar las acciones de promoción de la salud.

“El PAP hasta este momento ha cumplido con sus funciones, y reconocemos, que en un momento determinado fue necesario por la falta de servicios de salud que ofrecía el Ministerio “, dijo el representante de Chang, quien aclaró de inmediato que en los dos últimos años se ha dado una cobertura significativa a la sociedad; además de un fortalecimiento amplio de los servicios.

Como ejemplo, refirió que en los dos años de Gobierno se han establecido 15 nuevos subcentros de salud; y se han incrementado 860 profesionales, cifra que se ampliará a medida que la nueva población, la que actualmente es atendida por el PAP, pase a manos del Ministerio.

Indicó también, que el Ministerio está empeñado y trabajando en la construcción del Sistema Nacional de Salud, el que apunta al fortalecimiento de las redes públicas con participación de los municipios y consejos provinciales. (HRB)
Reacción

Loaiza y Wagner se lamentan
La decisión de cerrar de manera definitiva el Programa de Aseguramiento Popular (PAP), por parte del Gobierno, fue rechazada tanto por Jacinto Loaiza, delegado del alcalde, así como de Guillermo Wagner, de la Junta Cívica de Guayaquil.

Loaiza, visiblemente molesto, dijo que la responsabilidad quedará como es lógico en las personas que han decidido por el cierre del PAP.

Explicó que para afectar en la menor forma a las personas que perciben el Bono de Desarrollo Humano, que son los que reciben atención médica, la transición se cumplirá en un periodo de seis meses.

Samia Peñaherrera, gerenta del PAP, expresó que en este tiempo el Gobierno deberá convencer al pueblo de Guayaquil sobre la calidad de los servicios que ofrecen.

Guillermo Wagner lamentó la situación y recordó que el Puerto Principal acoge toda la inmigración interna y que en el año 2008 tuvo 40% menos del presupuesto para salud; así como que esta ciudad ha tenido que protegerse con hospitales como los de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Solca. (HRB)

Esta acusación la realizó en el marco de una visita que hizo la mañana de ayer al contralor, Carlos Pólit y al fiscal, Washington Pesántez, a quienes entregó copias de su declaración patrimonial y de sus pagos de impuestos, para que sigan con sus investigaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas durante la suscripción de contratos con el Estado en el régimen encabezado por su hermano.

Pero esta acción fue el marco para también hacer denuncias. En específico atacó a Mera, a quien lo acusó de haber engañado al Presidente para que firme el decreto con el cual prohíbe que el Estado realice contratos con empresas que sean de propiedad de otras “de papel”.

“Cuando han visto a mi hermano en una cantinflada de estas, es porque hay un ser que lo asesora mal, que le ha hecho firmar más de 50 decretos equivocadamente, que luego ha tenido que corregir… Ese ser es mi enemigo personal… pero él es el que engañando, usado por debajo a todos, lo ha metido al Presidente y su hermano en este problema y ahora vengo a develar que es porque lo tengo demandado por calumniarme”, dijo.

Explicó que por esta causa se ha convertido en “un insumo político” de la persecución que encabezaría Mera, como represalia porque Correa le impuso un juicio por calumnias.

“Todo el Ecuador rumora cómo (Alexis Mera) hace tráfico de influencias y cómo coacciona a los jueces, eso no lo digo yo me lo denuncian todos los días”, aseguró.

Acto seguido exigió al fiscal Pesántez que investigue las actuaciones del estudio Romero-Menéndez, del cual es socio Mera, y que supuestamente también se beneficiaría de contratos del Estado.

De esta forma intentó quitarle crédito al secretario jurídico de la Presidencia, quien en su momento también apuntó a que serían ilegales los contratos de Correa con el Estado.

“La ley hay que cumplirla en lo que expresa, la ley manda, prohíbe o permite, pero no juzga lo que omite, eso es un principio básico elemental, entonces, si los señores están queriendo interpretar el espíritu imagínese la inseguridad jurídica en la que viviríamos”, comentó, en referencia a las interpretaciones que se han emitido sobre los artículos de la Ley de Contratación Pública.

Así Correa concluyó con su agenda del día en Quito, en la que estuvo siempre acompañado de su esposa, Tatiana Zenck.

El recorrido inició con la visita al contralor, Carlos Pólit, quien lo recibió en la sala de reuniones adjunta a su despacho.

Al ser recibido, el mayor de los Correa no perdió tiempo y le entregó su declaración patrimonial que, según dijo, ya fue presentada ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), para que se investigue si sus bienes son producto de algún ilícito, y si su patrimonio se ha incrementado gracias al Gobierno de su hermano.

Adicionalmente le entregó una copia del fideicomiso por cuantía indeterminada, en el que aseguró que mantiene depositado todo el dinero producto de los contratos que ha conseguido con el Estado a lo largo de su actividad profesional.

Como respuesta, el Contralor se limitó a indicar que la documentación entregada será incorporada a la investigación que el organismo realiza a los contratos que el hermano del Presidente tiene con el Estado.

A su salida del organismo de Control, Correa mantuvo su posición y en un tono amenazante aseguró que “nadie ha tenido, hasta este el momento, la solvencia testicular de ponerme una demanda penal”.

Lo mencionó en referencia a todos quienes lo han denunciado públicamente por una u otra causa, sin, supuestamente, demostrar sus acusaciones a quienes siempre ha respondido con demandas por calumnias, como en el caso del secretario jurídico de la Presidencia.

Al cierre de la jornada, el empresario no aclaró si demandará al Estado si le nulitan sus contratos, pero sí que denunciará “por otras vías” a los funcionarios de un supuesto “círculo rosado” que rodea al Presidente “porque son rojos por fuera y blancos por dentro”.

Y finalmente hizo una revelación: “yo me he comprometido con mi hermano a no demandar personalmente a los funcionarios públicos que los pesco en off side”. (BHS)

Litigio
La terminación unilateral del contrato necesita una causal
Terminar unilateralmente los contratos firmados con las empresas de Fabricio Correa no será fácil, según juristas expertos en contratación pública. Rafael Oyarte explica que para terminar unilateralmente un contrato debe haber la causal de incumplimiento, de lo contrario cualquier acto sería ilegítimo.

Si el Estado quiere terminar los contratos con Fabricio Correa debe elaborar un informe técnico y otro económico, hacerlo conocer al contratista, quien tendrá diez días para justificar el incumplimiento o enmendarlo.

Pero si el Estado demanda una terminación unilateral sin causa alguna, tendrá que pagar daños y perjuicios.

Diego Paredes, especialista en contratación pública, sostiene que hay el riesgo de que Fabricio Correa demande al Estado por el doble o el triple del valor de los contratos y termine ganando, para que pague el país en su conjunto.

Marcelo Merlo, ex contralor del Estado, cree que cuando se firma un contrato, pasando por alto las prohibiciones legales, hay causal de terminación unilateral sin lugar al pago de daños y perjuicios, y ese sería el caso de Fabricio Correa. Diego Paredes insiste en que la prohibición del nepotismo hubo siempre, por lo que los contratantes son los responsables de haber entregado esos contratos al hermano del Presidente.

En este escenario, Oyarte considera que lo ideal sería intentar un arreglo de mutuo acuerdo, como se hizo con Odebrecht, en varios contratos. Para ello, se necesita la voluntad de las partes y un informe previo de la Procuraduría. En este procedimiento, se evalúa el avance de las obras, el costo de los equipos, los anticipos entregados a la compañía, la mano de obra y otros rubros, se hace un cruce de cuentas y cada parte recibe lo suyo. (MAB)

Cronología
Salen a la luz las contrataciones
El 14 de junio, EXPRESO hizo una publicación donde se demuestra que empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del Presidente, tienen contratos con el Gobierno por cerca de $ 80 millones. El mismo día, el Jefe de Estado pidió que se demuestre si ha habido perjuicio para el Estado.

Presidente se reúne con su hermano
En su visita a Guayaquil del 16 de junio, el mandatario Rafael Correa visitó a su hermano Fabricio en su domicilio, donde permaneció por más de dos horas. El mismo día, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, pidió que se investigue a hermanos de otros presidentes. Citó a Gustavo Noboa.

‘La posición en que estoy me abrió puertas’
En una entrevista a TC, el 16 de junio, F. Correa señaló que “obviamente la posición en que estoy me abrió las puertas, como me abrió las puertas en Mazar y Baba, para ser subcontratista de Odebrecht”. El entrevistador le preguntó si esa “posición” era ser hermano del Presidente y respondió que “sí”.

F. Correa no sabía de prohibición en ley
El 17 de junio, en una entrevista a Ecuavisa, Fabricio Correa señaló que desconocía la prohibición en la Ley de Contratación Pública que familiares del Presidente contraten con el Estado. “Yo tengo un abogado de primer nivel como Joffre Campaña que no me ha dicho que es ilegal”, indicó.

No más contratos con firmas de papel
El presidente Rafael Correa, durante su enlace sabatino del 17 de junio, suscribió el decreto ejecutivo para prohibir la celebración de contratos entre el Estado y empresas domiciliadas en paraísos fiscales. También se dispone que se identifique a cada accionista o participante de una empresa.

El Gobierno decide anular los contratos
El 26 de junio, el presidente Rafael Corrrea, en una cadena nacional, pidió la terminación de los contratos de su hermano Fabricio. Dos días antes, el secretario de Transparencia, Alfredo Vera, había recomendado que se inicie la anulación anticipada y unilateral de los mismos.

SRI anuncia auditoría a tres empresas
El titular del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, anunció el 26 de junio que se iniciará una investigación tributaria a las empresas vinculadas con Fabricio Correa. “Para evitar cualquier suspicacia hemos tomado la decisión de auditar cuando menos a tres de las empresas”, dijo.

“Frente al gobierno dictatorial que pretende imponerse, los países del ALBA hemos decidido retirar a los embajadores y dejar a su mínima expresión la representación diplomática en Tegucigalpa”, expresa una declaración emitida por el grupo al término de una sesión extraordinaria en Managua.

Asimismo, el bloque solo reconocerá al personal diplomático designado por Zelaya y “bajo ningún concepto se acreditará a personal designado por los usurpadores”, añade la declaración leída por el canciller de Ecuador, Fander Falconí. La medida será efectiva mientras Zelaya no sea restituido en su cargo, señala el comunicado.

La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria del grupo a la que asistieron, además de Zelaya, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; Ecuador, Rafael Correa; Bolivia, Evo Morales; el anfitrión Daniel Ortega, y el canciller cubano Bruno Rodríguez. El grupo instó a la comunidad internacional a aplicar “sanciones ejemplares” que contribuyan a hacer efectiva la restitución del orden constitucional en Honduras.

Los países de la ALBA, de la cual es miembro Honduras, sentenciaron que el único camino que les queda a los golpistas es deponer su actitud y garantizar el retorno incondicional de Zelaya al Gobierno. Se declararon en alerta permanente para acompañar al pueblo hondureño “en las acciones de lucha que han convocado”.

Los mandatarios planeaban mantener en la tarde otra reunión del Sistema de Integración Centroamericana y después una del Grupo de Río.

En un fuerte compromiso, el presidente estadounidense, Barack Obama, dijo ayer que Manuel Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras y que trabajará con otros países e instituciones para la vuelta del mandatario al Gobierno.

Zelaya fue sacado del poder por militares el domingo, tras lo cual el Congreso nombró a Roberto Micheletti -hasta entonces su titular- para asumir la presidencia hasta terminar el actual mandato, en enero de 2010.

Zelaya intentaba realizar el mismo domingo una consulta con el fin de cambiar la Constitución para poder ser reelecto. El Mandatario anunció que el jueves regresará a Tegucigalpa para cumplir su mandato presidencial.

Condenas
Reunión en la OEA y la ONU
El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se dirigirá hoy a la Asamblea General de la ONU para exponer la situación de su país tras el golpe militar.

Los gobiernos latinoamericanos encabezaron ayer en la ONU las declaraciones de rechazo al golpe militar en Honduras en una reunión de urgencia del órgano. La ONU tiene previsto aprobar una resolución condenatoria de esos sucesos.

El embajador de Honduras ante la ONU, Jorge Reina, denunció la detención de varios colaboradores del depuesto presidente.

En Washington, hoy se instalará una Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en la que se analizarán eventuales sanciones contra las autoridades que se impusieron en Tegucigalpa. AFP

Datos
Paso clave en EE.UU
Estados Unidos dijo ayer que interpreta el derrocamiento de Manuel Zelaya como un golpe de Estado, pero aún no lo declara legalmente, pues implicaría que Washington detuviese la mayor parte de su ayuda a Tegucigalpa. “Creemos que esto ha evolucionado en un golpe”, dijo la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Reacciones

Brasil
Lula defiende el total aislamiento
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió ayer el total aislamiento político de Honduras hasta que Zelaya retorne al poder. Aseguró que aceptar el golpe sería abrir un peligroso precedente en la región. El embajador de Brasil en Honduras, quien estaba de vacaciones, no volverá por ahora a Tegucigalpa.

Europa
La UE por respeto a la democracia
La UE defendió ayer la importancia de respetar las instituciones “elegidas democráticamente” en Honduras, tras el golpe de Estado contra Zelaya y se mostró prudente sobre el futuro inmediato de sus negociaciones comerciales con América Central.

Ecuador
Moreno exige que se restituya cargo
El vicepresidente ecuatoriano, Lenin Moreno, exigió la restitución en el cargo a Manuel Zelaya, como presidente. En tanto, el subsecretario de la Senplades, Pavel Muñoz, aclaró que Ecuador tiene un convenio con Honduras para transmitir sus experiencias sobre la reforma del Estado ecuatoriano.

Centroamérica
SICA cortó ayuda a Honduras
Los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que integran Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Belice, Honduras y República Dominicana, acordaron ayer en Managua suspender todos los desembolsos y préstamos a Honduras por el golpe.

Grupo de Río
Calderón: Enérgica condena al golpe
El presidente de México, Felipe Calderón, arribó ayer a Managua acompañado por la canciller hondureña Patricia Rodas, quien se refugió en México tras el golpe contra Zelaya. En nombre de “México y también del Grupo de Río (expresamos) nuestro más enérgico rechazo al golpe”, dijo Calderón.

Mercosur
Lugo: Bloque solo reconoce a Zelaya
El jefe de Estado de Paraguay, Fernando Lugo, en su carácter de presidente pro tempore del Mercosur -integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- condenó el golpe militar en Honduras y anunció que ese bloque no reconocerá “a ninguna otra autoridad” de ese país “que no sea Manuel Zelaya Rosales”.

El coronel Joel Loayza, director nacional Antinarcóticos, recordó que la operación antidrogas denominada Melaza-Coca se inició en Ecuador el 8 de mayo pasado, tras la incautación de 28 toneladas de la mezcla y la detención del letón Vladimirs Mitrevics, el ruso Rouslan Chevtchenko y los ecuatorianos Walter Ovidio Díaz Chamba, Manuel Virgilio Vásquez Murillo y Miguel Antonio Pérez Galarza.

“En ese entonces, la droga fue hallada en un contenedor en el puerto de Guayaquil que iba con destino a Barcelona, España”, dijo el jefe policial.

De inmediato se cruzó información con varias Policías de Europa y se logró la aprehensión en Holanda de Ronny Verwoerd, Erez Zizov, Ezra Abadi, Johannes Dielissen, Ilja Jerofevev y Roelof Knoppeer.

En Letonia, Alemania e Islandia se detuvo a Artus Clieks, Cipruss Kleiss, Olek Fiksels y Arnason Croll.
Además, en las Bahamas se logró la incautación del contenedor MEDU-2003980, el cual tenía en su interior quince toneladas de melaza de caña con cocaína. La carga tenía procedencia ecuatoriana.

“El contenedor había sido exportado por la empresa Proatica, la misma que había intentado exportar 28 toneladas de la misma sustancia desde Ecuador. La carga había salido el 26 de abril con destino al puerto de Barcelona, España”, explicó el director nacional Antinarcóticos. (FOL)

Peso cocaína pura
El peso aproximado de la cocaína pura mezclada con melaza de caña sería de 8 toneladas. Así lo manifestó ayer el coronel Joel Loayza, director nacional Antinarcóticos.

Cruz de Latvia
El operativo realizado por las Policías de Letonia, Alemania, Bahamas, Islandia y Holanda se denominó Cruz de Latvia. La incautación es considerada como la más grande del mundo.