Hidropaute contrató a sus ex trabajadores tercerizados
CUENCA
Las empresas estatales como Hidropaute empezaron a ajustarse al mandato constituyente 08 que aprobó la Asamblea Nacional y que eliminó la tercerización e intermediación laboral, a más de la contratación por horas.
El presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, Jorge Glas, ayer se presentó en Cuenca para informar sobre la nueva estructura de la compañía que genera hidroelectricidad para todo el país.
“Venimos como Gobierno central a dar ejemplo y enviar un mensaje a todos los empresarios estatales que deben mantener centrales y proyectos hidroeléctricos y de otros servicios públicos, como las telecomunicaciones, que todos deben aplicar el mandato”, dijo.
Para este funcionario, con el mandato constitucional se inicia una nueva etapa de relación entre los trabajadores y el Estado como empleador, a través de empresas de sectores estratégicos que administra el Fondo de Solidaridad.
Empezó con Hidropaute, a la que llamó empresa emblemática y la calificó como orgullo de desarrollo y corazón energético del país, porque aquí ya se dio un primer paso cuando se contrató a los obreros tercerizados que trabajaban en el sector operativo.
Ayer se enroló a aproximadamente 40 trabajadores que realizaban trabajos de mantenimiento en la central hidroeléctrica de Paute y se continuará ingresando en los roles de pago a trabajadores de otras áreas.
Glas dijo que análisis hechos en el Fondo determinan que habrá un ahorro para la empresa cuando se asuman esos salarios y con la nueva distribución de contratación se va a ahorrar un millón de dólares.
Servicios como guardianía, alimentación y limpieza serán contratados, según Glas, quien además advirtió a los empresarios que intermediaban o tercerizaban a los trabajadores para que paguen las indemnizaciones correspondientes como manda la ley.
Las próximas empresas que visitará el Fondo de Solidaridad durante esta semana son Andinatel, Telecsa y otras generadoras como Hidroagoyán, Termo Esmeraldas y Termo Pichincha. “Todas las empresas estatales deben acogerse al mandato y esperamos que sea en máximo dos semanas”, concluyó el funcionario.
