Consumidor.
Los decomisos de arroz realizados en operativos de la Intendencia de Policía en los últimos días no tienen sustento legal y no se ajustan al debido proceso, según la Tribuna de Defensa del Consumidor.
Acogiéndose al artículo 70 de la Ley de la Defensa del Consumidor, que establece sanciones y decomiso de los bienes, y según los artículos 51 y 53, el intendente Ricardo Ron se respalda en que él tiene la potestad, incluso de oficio, para realizar los operativos de control de los precios y la calidad de productos.
Sin embargo, María José Troya, presidenta de la entidad defensora, señala que el Intendente incurrió en varios procesos indebidos al realizar los operativos y más aún en la repartición de lo que constituye la prueba de la infracción.
En situaciones especiales, la Ley del Consumidor prevé la posibilidad de que el Presidente de la República pueda fijar una lista de precios y él tiene la potestad de hacerlo bajo decreto. “Esa sería la única posibilidad para que intervengan los intendentes y comisarios”, explica.
Troya argumenta que al no existir esa lista oficial no se justifica un operativo.
