Silencio en régimen por denuncia

QUITO

S. de Compañías.

Ni la Presidencia de la República ni la Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA) han confirmado si existe o no una investigación sobre la denuncia que hicieron trabajadores de la Superintendencia de Compañías, quienes afirman que se cobran comisiones salariales a las personas que alcanzaron un puesto de trabajo en esa dependencia durante el actual Gobierno.

El titular de la SNA, Alfredo Vera Arrata, señaló ayer que aún no tiene una denuncia formal y aseguró que aunque el caso ha sido difundido a través de los medios de comunicación, esa dependencia no puede actuar solamente a partir de versiones periodísticas.

Vera indicó que ya ha conversado con delegados de los denunciantes, pero explicó que lo que necesita son documentos que sustenten las versiones ya expuestas ante la prensa.

El funcionario, quien aseveró que esa dependencia tiene 1.200 denuncias que analizar, aclaró que en el caso de reclamos por ascensos, cambios o pedidos de renuncias en la Superintendencia de Compañías, la SNA no es la instancia a la que le corresponde pronunciarse.

En lo que respecta a los planes de la SNA, Vera anunció que solicitará a la Asamblea que a través de un mandato se declare a la lucha anticorrupción como una política de Estado. El objetivo es que todas las instancias públicas y privadas contribuyan a impedir la consumación de actos delictivos.

Santiago Bravo, presidente de la asociación de empleados de la Superintendencia de Compañías, reiteró que la documentación sobre 20 denuncias “de actos de corrupción y despilfarro” por parte del superintendente de Compañías, Francisco Arellano, han sido entregadas, además de la Asamblea Constituyente, a la SNA, e indicó que ayer por la tarde lo harían también a la Fiscalía General.

Empleados de la Superintendencia acusan a Arellano, entre otras cosas, de cobrar comisiones a empleados que ingresaron a esa dependencia durante el actual gobierno, así como para ascenderlos en cargos.

Bravo aseguró que recién denuncian esos actos, “porque no ha sido fácil conseguir todas las pruebas y quisimos hacerlo documentadamente”. Así, negó que lo estén haciendo debido a una resolución de Arellano, firmada el 29 de febrero pasado, por la que a partir de este mes entraba en vigencia una nueva escala de remuneraciones.

Según los empleados, por esa resolución sus sueldos disminuían entre el 40% y 60%.

“Arellano quiso usar esa resolución como una cortina de humo ante nuestras denuncias, tanto así que ayer (lunes) emitió una nueva resolución, por la que queda sin efecto la anterior, pero sospechosamente la hace firmar por el Superintendente subrogante”, sostuvo.

Arellano no ha querido pronunciarse sobre las denuncias.